martes, 20 de septiembre de 2016
viernes, 2 de septiembre de 2016
Columna de El Espectador 31.08.16
Hay que reconocerlo: la salud no fue
uno de los temas centrales de las negociaciones de La Habana. Pero dada su
importancia en cualquier sociedad, el tema apareció en varios momentos de las
negociaciones y, en consecuencia, del Acuerdo Final -AF-.
A más de cumplir el deber ciudadano
del momento (leer las 297 páginas del AF), me puse en la tarea de buscar en él
todo lo que tuviera que ver con salud. Trato a continuación de resumir lo
fundamental de lo encontrado y de esbozar algo de lo mucho que tendremos que
hacer para que la salud contribuya a la paz, y la paz haga posible la salud.
Concebidos todos en una perspectiva
de derechos, cinco de los seis acuerdos enuncian diferentes dimensiones del
derecho y de los servicios de salud. Es en el tema de la Reforma Rural Integral
-RRI- en el que más se alude a la salud. Desde la introducción se señala como meta
de la RRI la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la
población rural. Esta categoría del buen vivir, como lo traté en otra columna, coloca
en el centro del debate la prioridad de la vida de las distintas especies y la
necesidad de relaciones respetuosas y armoniosas de convivencia entre todas. El
buen vivir requiere, y el AF lo expresa, de sostenibilidad socio-ambiental y adecuada
respuesta en bienes y servicios públicos, como salud y nutrición.
En el mismo acuerdo de RRI, numeral
1.3.2.1, se plantea la necesidad de un plan nacional de salud rural, con el
consiguiente fortalecimiento de la red pública de salud en zonas rurales. Y en
el numeral 1.3.2.3 se destaca la importancia de la vivienda y del agua potable,
dos de los elementos fundamentales del derecho a la salud.
En el acuerdo sobre el fin del
conflicto se plantea la necesidad de garantizar el acceso a salud y educación
para los excombatientes, en especial los niños, y el compromiso del gobierno de
pagar durante dos años la seguridad social en salud y pensiones a los
excombatientes que aún no hayan logrado vinculación laboral. En el acuerdo
sobre víctimas se enfatiza la importancia de la atención y rehabilitación
sico-social de las víctimas (numeral 5.1.3.4).
El acuerdo sobre la solución del
problema de las drogas ilícitas retoma la idea de asumir su consumo como un
problema de salud pública y, por tanto, abordarlo no sólo punitivamente sino
con planes y programas de prevención, promoción de salud, reducción de los
daños psico-emocionales y atención integral. Y finalmente, en el acuerdo de
implementación y verificación, se advierte sobre el deber del Estado de no
obstaculizar la atención médica de los combatientes en proceso de reinserción y
de garantizar la atención médica en las 23 zonas donde se concentrarán durante
la transición a la vida civil.
Como puede verse, los acuerdos no
contienen una propuesta de conjunto y coherente en salud. Aportan algunos
elementos, pero se centran en un listado de necesidades, demandas y deseos de
corte predominantemente asistencial para los combatientes y algunos sectores
específicos. La concepción y el modelo actual de salud son insuficientes aun
para satisfacer tales demandas de salud rural, fortalecimiento de la red
pública, agua potable, atención sico-social, nutrición, drogadicción. Mucho más
para ofrecer una alternativa completa que garantice definitivamente el buen
vivir, el derecho a la salud y la paz a toda la población colombiana, y no sólo
y de manera transitoria al sector rural o a las víctimas de la guerra.
Las guerras las terminan los
guerreros. La paz la construimos los ciudadanos. Estos acuerdos contienen lo
que se proponían: las condiciones y concesiones de los bandos enfrentados para
terminar esta guerra. Nos toca ahora a todos los ciudadanos/as, incluidos los
excombatientes, negociar y desarrollar un proyecto conjunto y viable de
sociedad democrática, incluyente y equitativa. El paso inmediato es un sí
rotundo en el plebiscito. Y llegó la hora de concretar y presentar las
propuestas. En salud, por suerte, ya venimos trabajando hace rato.
Saúl Franco,
Médico social.
Bogotá, 31 de
agosto de 2016.
El Espectador
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